Tres niños se enfrentan a un embargo millonario por una herencia de sus tías abuelas que no han recibido

Emma no vive en la opulencia. Ya le gustaría. Esta administradora de fincasresidente en Cádiz, con un marido en el paro y tres hijos en edad de estudiar, atraviesa una situación económica plagada de baches. Sin los lujos de aquellos a los que los políticos de izquierdas retratan, con el trazo grueso del estereotipo, como los «ricos» que pagan el impuesto de sucesiones y donaciones de Andalucía.

Sus tres hijos, dos de ellos eran menores cuando heredaron de sus tías abuelas y otra acababa de cumplir 18 años, han recibido ya tres notificaciones de embargo. Hacienda les reclama 334.136, 336.991 y 412.669 euros: más de un millón de euros en total. Una losa insoportable para su presente y futuro, fruto de una herencia de dos tías solteras de Emma que fallecieron sin descendencia con pocos meses de diferencia.

La última en morir dejó a los niños tres pisos, dos fincas urbanas, un local comercial y los ahorros de toda su vida. Los herederos aceptaron la herencia, pero formalmente no la han recibido. Los bienes siguen escriturados a nombre de sus antiguas propietarias. Si quisieran venderlos, necesitarían permiso de la Agencia Tributaria estatal, que ha embargado sus derechos hereditarios.

«Están condenados a no tener nada en su vida», asegura el abogado de la familia

«Su único delito ha sido heredar», se lamenta esta gaditana que pinta un horizonte muy negro: «Mi marido está en el paro y lo que saco con mi trabajo, que no es un sueldo fijo, es para comer. Lo que quiero es quitarle este marronazo a mis hijos. ¿Por qué una persona cualquiera no puede dejarle bienes a quien le dé la gana sin que se los quede Hacienda?».

Emma, que está recibiendo el apoyo de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones y la federación nacional que aboga por su supresión, tuvo una relación muy cercana con sus tías. «Ellas me criaron cuando mi madre falleció; yo tenía 11 años. Cuando fueron mayores yo las cuidé, sacrificando también a mis hijos», recuerda.

El problema es que vender los bienes tampoco soluciona este «marrón». La Junta cifró la herencia en 2,99 millones de euros, pero los bienes, sostiene Emma, no valen tanto como dice, y los derechos hereditarios, afectados por los embargos, aún valen menos.

«El valor de esos derechos es mínimo si Hacienda los sacara a subasta. Seguirán debiendo dinero por unos bienes que no han llegado a recibir. Si nadie pujara por ellos y se los quedara Hacienda, el valor de esos derechos siempre será menor al de los bienes», explica Armando Rozados, abogado de la familia, que va a presentar una reclamación ante la Agencia Tributaria andaluza.

La Constitución Española promueve «la protección jurídica, económica y social de la familia» y estipula que el sistema tributario «en ningún caso tendrá alcance confiscatorio», recuerda este letrado. Lo que se embarga debe ser proporcional a lo que se debe y aquí no lo es. Todo, por unos bienes «que ni se han adjudicado aún porque no son lo que se llama en términos jurídicos causahabientes», añade. Rozados planteará que se acepte la dación en pago porque «parece lógico que la Administración acepte un bien por el valor que ella misma le dio cuando cuantificó la liquidación».

De momento, tienen embargado su futuro. Cualquier euro que ganen cuando trabajen se lo van a quitar. «Están condenados a no tener nada en su vida», asegura el abogado. Lo más parecido a una muerte civil cuando tienen toda la vida por delante.

La rebaja del tributo que promueve el nuevo Gobierno andaluz no les vale

Como sus hijos son parientes de cuatro grado —grupo en el que se encuentran hermanos, tíos, sobrinos y primos—, no pueden acogerse a ninguna bonificación en la liquidación de tributo. Para ellos no tiene ningún efecto la reforma del anterior Gobierno de Susana Díaz -que elevó al millón de euros el importe exento de pagar el tributo- ni la que se propone aprobar el nuevo Ejecutivo del PP y Ciudadanos, que generaliza la rebaja del 99 por ciento. Ambas reformas fiscales benefician a los que la ley considera como parientes directos: hijos, cónyuges, padres y nietos. En este caso, confluyen un cúmulo de desgracias, un mal asesoramiento y un parentesco lejano. La tormenta perfecta. «¡Para que luego digan que somos ricos!», se indigna Emma.