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Avalancha de reclamaciones contra la plusvalía, el «impuesto de sucesiones» de los ayuntamientos

El pasado 11 de mayo el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia que ha desencadenado una catarata de reclamaciones ante ayuntamientos de toda España contra las liquidaciones del tributo de plusvalía. El impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, grava la revalorización que en teoría tiene un inmueble cada vez que cambia de manos, ya sea a través de una venta, una donación o una herencia de un familiar fallecido.

Cada heredero debe pasar dos veces por caja: para abonar el impuesto de sucesiones, que recauda la comunidad autónoma, y para hacer lo propio con la plusvalía, a menudo tan gravosa como el primero aunque sea menos conocida.

El TC declaró inconstitucional el cobro de este tributo local cuando el inmueble se transmitía por menor valor del que había costado, una situación que se hizo habitual al estallar la crisis. La fórmula de cálculo no distinguía entre pérdidas o ganancias. Valiera más o menos, la factura del contribuyente siempre salía a pagar.

El fallo que ha destapado la caja de los truenos tuvo su origen en la batalla judicial iniciada por José Cepero, un abogado afincado en Jerez de la Frontera que se define así mismo como el «quijote» del Derecho Tributario y que tuvo la osadía de denunciar ante los tribunales esta «injusticia».

Habrá herederos que se libren del impuesto de sucesiones tras la rebaja y seguirán abonando la plusvalía

Este letrado nacido en Sevilla había planteado una cuestión de inconstitucionalidad. Su cliente era un promotor que, acuciado por las deudas, tuvo que entregar los pisos que había construido al banco. A pesar de las cuantiosas pérdidas ocasionadas por la ejecución hipotecaria, el Ayuntamiento de Jerez le exigió el pago de plusvalía alegando que aplicaba la ley.

Cepero no sólo ganó el pleito sino que sentó un precedente que ha abierto la puerta a una riada de reclamaciones de contribuyentes que están aprovechando el vacío legal creado para pedir la devolución del dinero cobrado, por la vía administrativa y en los tribunales.

Al declararse inconstitucionales algunos artículos de la ley reguladora del tributo, defiende que todas las liquidaciones efectuadas conforme a dicha norma serían nulas. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda trabaja a contrarreloj para reformarla.

Cruzada en los tribunales

Los tribunales han comenzado a fallar a favor de los afectados, incluidos los que tienen que pagarlo por bienes procedentes de herencias, con el argumento de que el sistema de cálculo realizado por los municipios es erróneo.

En el caso de las herencias y donaciones, la base imponible de la plusvalía (la cuantía sobre la cual se calcula el importe del tributo) viene determinada por dos variables: el valor catastral del inmueble y el tiempo que éste ha permanecido en poder del donante o fallecido. La fórmula no varía pero cada ayuntamiento tiene cierto margen de maniobra dentro de una escala de coeficientes máximos y mínimos.

La avalancha de casos procedentes de toda España que llegan cada día a la mesa de Cepero le han obligado a ampliar su despacho. Su «quijotesca pelea judicial» no se limita a los supuestos en los que hay pérdidas, sino que se dirige contra el impuesto mismo.

Este abogado lucha para que se suprima y emplea argumentos muy parecidos a los de Stop Impuesto Sucesiones para derogar este tributo estatal: «Incurre en el sinsentido de tener que pagar impuestos, como mínimo, dos veces por lo mismo».

Lo ilustra con un ejemplo: «Si yo vendo una casa y gano dinero, pagaré por tal ganancia en mi declaración de la renta. En la venta se incluye, lógicamente tanto la construcción como el terreno. Por lo tanto, si después el Ayuntamiento me obliga a pagar un impuesto por la ganancia obtenida al vender el terreno, estaré pagando dos impuestos por lo mismo». En las herencias, la plusvalía funciona como un «impuesto de sucesiones encubierto», recalca este abogado que colabora con la citada asociación.

La situación se torna más dramática en estos casos porque desde el pasado 1 de enero están exentos de pagar el impuesto de sucesiones los familiares directos (hijos, cónyuges, nietos y padres) que hereden menos de un millón de euros. «Aquellos herederos que no paguen el impuesto de sucesiones por el juego de la bonificación recientemente aprobada, sí tendrán que pagar la plusvalía».

José Cepero ha conocido casos sangrantes: «Desde promotoras que fueron a concurso y cerraron por la imposibilidad de pagar este impuesto, hasta herederos que tuvieron que pedir un préstamo para poder abonar la plusvalía porque si no el Ayuntamiento les embargaba los bienes». «En estos casos no sólo hemos pedido la devolución del impuesto sino los intereses y las comisiones bancarias pagadas», explica.

Más información en: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-avalancha-reclamaciones-contra-plusvalia-impuesto-sucesiones-ayuntamientos-201801282123_noticia.html

¿Cuánto cobra tu ayuntamiento por la plusvalía, el «impuesto de sucesiones» municipal?

Los ayuntamientos de Cádiz, Córdoba y Granada no pueden subir más el impuesto sobre la plusvalía por la sencilla razón de que ya está al tope que permite la ley. Este tributo local se paga cada vez que un inmueble cambia de manos y grava la revalorización teórica que registra una vivienda, atendiendo al valor catastral y a los años transcurridos entre la compra y la venta.

En el caso de las herencias a quien le corresponde pagarlo es al heredero teniendo en cuenta el valor catastral del suelo (no el de la construcción) y los años que han pasado desde que la adquisición de la vivienda hasta el fallecimiento de su propietario.

Según un informe que publica el Ministerio de Hacienda, las citadas capitales andaluzas aplicaron durante el pasado año el tipo impositivo más alto (un 30%) dentro de una escala de coeficientes mínimos y máximos, que es el margen de maniobra del que disponen en sus ordenanzas municipales.

El Ayuntamiento de Huelva ha dejado en suspenso el cobro hasta que se reforme el tributo

El objetivo es exprimir al máximo las posibilidades que le permite la ley estatal que regula las plusvalías, para mantener su nivel de ingresos, que se han visto amenazados tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Una sentencia del pasado 11 de mayo tumbó varios artículos de la norma al considerar que no es constitucional que se pueda cobrar porganar dinero a un contribuyente que en realidad lo ha perdido. La fórmula de cálculo provocaba que tuvieran que pagarlo hasta los ciudadanos que vendían un inmueble por menos de lo que lo habían comprado, algo no tan infrecuente cuando estalló la crisis.

Ante el aluvión de reclamaciones que se esperaban tras la sentencia y la incertidumbre generada, el Consistorio de Huelva, que también aplicaba los tipos máximos, acordó dejar en suspenso el cobro «hasta que el Gobierno central no modifique la Ley de Haciendas Locales para regular este tributo».

El abogado de Jerez José Cepero, que consiguió que el TC tumbara varios artículos, ha iniciado una cruzada judicial ante los ayuntamientos para pedir la devolución del dinero indebidamente cobrado.

Caso práctico

A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz aplica una tasa de revalorización del 3,5 en plazos de venta de cinco a diez años. Tiene un tipo impositivo del 30%. Esto significa que si alguien que comprase en 2007 una casa en la capital gaditana con un valor catastral de 200.000 euros y la vendiese en 2017 habría obtenido una plusvalía teórica del 35% (3,5 multiplicado por 10), es decir, 70.000 euros. La cuota a pagar corresponde al 30% (tipo) de dicha cantidad: 21.000 euros.

En otras ciudades como Málaga y Jaén los tipos están al 29 por ciento. Les siguen Sevilla (26,8%) y Almería (20%), donde el pago del impuesto sobre la plusvalía resulta menos costoso para los vendedores y herederos.

En cuanto a otros municipios que no son capitales de provincia, el impuesto que grava el incremento de valor experimentado en terrenos urbanos está en niveles máximos en Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (en la provincia gaditana) y en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Hay 105.700 afectados por el fallo del Constitucional

Según los cálculos que ha realizado Tinsa, la tasadora nacional española, este fallo judicial afectaría a un total de 105.700 inmuebles en las capitales andaluzas. Los ayuntamientos de Málaga (35.100 viviendas), Sevilla (18.700) y Granada(11.100) serían los más afectados en el caso de que solicitaran la devolución todos los contribuyentes que han tenido que pasar por caja pese a las pérdidas ocasionadas.

Más información en: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-cuanto-cobra-ayuntamiento-plusvalia-impuesto-sucesiones-municipal-201801300719_noticia.html

"La plusvalía ha provocado la ruina de muchos ciudadanos"

Especializado en derecho tributario, administrativo y mercantil, José Cepero, sevillano de nacimiento aunque lleva residiendo 24 años en Jerez, defiende a ultranza que "la mejor defensa es un buen ataque". Y en este caso esta máxima le ha valido una gran victoria.

-¿Cómo llega a la conclusión que se puede tumbar parte de la plusvalía mediante un recurso al Constitucional?

-Todo parte de un proceso contencioso donde se llega a la conclusión de que lo mejor para suspender la ejecución era presentar una cuestión de inconstitucionalidad. El derecho es lógica y es evidente que con la plusvalía se estaba cometiendo una injusticia, aunque estuviera recogida en la ley. Se llegó un momento que al juzgado se le escapaba el procedimiento por lo que vimos que la única salida era ir a por la ley. Y se ha conseguido.

-Perdone que se lo plantee así: esto se le ocurre a un abogado en Jerez...

-La verdad es que he sido el único que se había planteado seriamente esta vía; al menos yo no tengo constancia de otros casos. El del País Vasco -se tumbó la norma foral por este mismo motivo-fue posterior al nuestro aunque se resolvió antes porque se ha necesitado de la personación del Senado y del Congreso. El fallo es de un calado brutal, un hito jurídico.

-¿Cómo queda ahora el impuesto de la plusvalía?

-La verdad es que se encuentra en un limbo jurídico porque, aunque se conoce la sentencia, aún no se ha publicado en el BOE para que entre en vigor. El legislador tiene que modificar la ley pero los ayuntamientos, que son los que la aplican, ya saben que no pueden hacerlo en aquellos casos donde no haya un incremento del valor.

-¿Y si los ayuntamientos deciden no hacer cambios mientras no haya una nueva regulación?

-Yo lo que aconsejo, y así se lo estoy empezando a comunicar a mis clientes, es que cuando tengan que pedir la liquidación en aquellos casos donde haya pérdida patrimonial comuniquen que están exentos por esta sentencia y esperen a la resolución municipal. Lo mejor que pueden hacer los ayuntamientos es actuar con prudencia a la espera de que resuelva el Estado.

-Hay ayuntamientos como el de Jerez que ya alertan del perjuicio económico que les supondrá el cumplimiento de esta sentencia...

-Le argumento lo contrario. Esta plusvalía injusta ha provocado la ruina de muchos ciudadanos y los ayuntamientos tienen que resarcir ese daño. Ahí están los casos de personas que perdieron su vivienda por no poder pagar la hipoteca y se les liquidó la plusvalía. Y, si vamos más allá, también supone una injusticia pagar una plusvalía por el simple hecho de recibir una herencia cuando no se ha vendido aún.

Más información en: http://www.diariodejerez.es/jerez/plusvalia-provocado-ruina-ciudadanos_0_1137486956.html