Junta de Andalucía

La Junta no se presenta en un juicio y tendrá que pagar más de 157 millones de euros

Supuestos 'motivos de agenda' ha sido la justificación de la Junta para no presentarse en el juicio del "caso Nevada".

El Partido Popular andaluz va a denunciar ante la Fiscalía que no se persone el abogado del Gobierno de Susana Día en el juicio del ‹Caso Nevada› por la demanda millonaria contra la Junta que condenó a la administración andaluza a pagar 165 millones de euros de indemnización a la promotora del centro comercial de la localidad de Armilla.

Sebastián Pérez, presidente del PP provincial de Granada ha declarado que su partido quiere saber las «causas y los motivos de la ausencia de la Junta de Andalucía» en el juicio «y el grave daño causado».

Según Pérez, la Junta «no asistió a la vista» no ratificando su oposición a la indemnización que pedía la promotora del Nevada, General de Galerías Comerciales ni ha propuesto pruebas en contra como queda reflejado en las resoluciones del Juzgado de Primera Instancia y en la del TSJA.

La Junta fue condenada a pagar la indemnización de 157 millones de euros por lucro cesante al paralizar la licencia.

Según el dirigente popular, los «motivos de agenda» no justifican la ausencia, y es algo «inaceptable y nada creíble y no se puede entender en el siglo XXI, sobre todo en un momento en que las familias lo están pasando muy mal».

Por ello reclama que el Gobierno de Susana Díaz dé explicaciones de por qué no se ha presentado al procedimiento, “que ha costado esta gran fortuna”, y exige que se depuren “responsabilidades políticas”.

Ante la incomparecencia a la vista, el juez no admitió el informe pericial de la Junta razonando el fallo: «el presupuesto de hecho indispensable para la admisión en segunda instancia de las pruebas que no se practicaron en la primera», de acuerdo a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) es que «en los escritos de interposición del recurso y de oposición al mismo las partes podrán pedir el recibimiento a prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables». Entre éstas causas no está la incomparecencia, detalla el Juzgado. 

Más información en: https://www.digitalsevilla.com/2017/07/04/la-junta-no-se-presenta-juicio-tendra-pagar-mas-157-millones-euros/

La Junta de Andalucía embarga a un parado por heredar un humilde piso protegido de su madre adoptiva

Cuando Juan Miguel Ramos García cuenta su caso, asegura que «nadie se lo cree». El primer descreído es él mismo. Este vecino de la Línea de la Concepción (Cádiz) jamás hubiera imaginado que algo así le podía pasar a él, acostumbrado a pagar religiosamente sus impuestos. Lleva tres años penando por la modesta herencia que su difunta madre adoptiva le dejó en el testamento en 2014. «Después de tres años he decidido dejar de sufrir en silencio», se justifica.

Su situación, más que crítica, es desesperada. La Consejería de Hacienda ha embargado su cuenta corriente por el impago del impuesto de sucesiones correspondiente a un humilde piso social. Tenía 38 euros de saldo y le ha dejado sólo dos. Una broma pesada.

La factura fiscal ascendía a 6.500 euros, pero con los intereses de demora la bola ha ido creciendo y ya ronda los 9.600. Nada del otro mundo, si no fuera porque Juan Miguel sobrevive a duras penas estirando su único ingreso: los 426 euros que recibe al mes procedentes de la ayuda postdesempleo, la llamada Renta Activa de Inserción.

La Agencia Tributaria de Andalucía no hizo distinciones y lo metió en su particular «lista negra» de morosos. De nada le sirvió exponer su apurada situación económica en el recurso que interpuso al embargo.

Su historia —«más propia de un cuento de Kafka», ironiza— se remonta a 1998. Ese año su madre de adopción, Ana, pidió un préstamo para comprarle a su casero, la Junta de Andalucía, el inmueble que ésta le había asignado en régimen de alquiler.

El objeto de su pesadilla es una vivienda edificada «deplorablemente» en 1963 por el Ministerio de Vivienda en el municipio del Campo del Gibraltar. El inmueble está situado en San Bernardo, un barrio obrero de casas protegidas, muchas de ellas ocupadas o traspasadas de forma irregular, habitadas por familias azotadas por el paro y la precariedad o que han caído en las redes de la droga. «La Junta sólo les exige que paguen el alquiler para regularizar su situación, mientras a los que llevamos toda la vida pagando nos crujen», clama indignado.

La Administración autonómica, que había asumido la titularidad de estas viviendas estatales, tasó el piso heredado en 45.000 euros, un valor «del todo punto irreal». El Catastro decía que no valía más de 14.000 euros.

Este vecino linense ha quemado todos los cartuchos para convencer al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Teara) de que la tasación estaba mal hecha. Hasta tres periciales ha presentado con nulo éxito hasta ahora. La Junta contraatacó con «una tasación por Google Maps, ¡créame!», asegura al periodista.

Al «disparatado» valor de la herencia se suma otro contratiempo. La Agencia Tributaria de Andalucía no reconoce su condición de «hijo adoptivo de hecho». Su padre biológico falleció en 1984 «sin haber promovido adopción por parte de Ana de mí, de 12 años, y de mi hermana Cristina, de 14». Desde entonces, «mi madre Ana ejerció de hecho la custodia de ambos hasta nuestra mayoría de edad, sin que ninguna administración competente le demandara la patria potestad».

Un «robo»

«Después de cuidar de mi madre Ana durante más de diez años, enferma de Alzhéimer y con un cáncer colorrectal», Hacienda le embargó el 8 de mayo «la “fortuna” de 1.043 euros, mis únicos ahorros para subsistir. Estando en paro, me han robado 1.000 euros».

Esta semana han vuelto a retirarle 36 euros de los 38 euros que tenía. «Tuve que pedir a una vecina que me ingresara los 15 euros para poder pagar el recibo de la luz», lamenta. «El remate del tomate fue que recibí el 13 de junio la notificacion del embargo del 8 de mayo con fecha de salida del día 4, es decir, que sabían muy bien lo que hacían para llevarse el dinero sin que yo lo supiera».

Juan Miguel acaba de firmar un contrato laboral hasta septiembre. Ahora le angustia que le embarguen la nómina y lo desahucien. «Por increíble que parezca, me veo forzado a trabajar sin cobrar para pagar un impuesto propio del Sheriff de Nottingham». Concluye su relato con una invitación. «Me encantaría que Susana Díaz viniera a mi Palacio de Liria para que viera con sus propios ojos que no sólo los ricos pagan este impuesto injusto. También nos hace pagar a los pobres».

Más información: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-embarga-parado-heredar-humilde-piso-protegido-madre-adoptiva-201706202333_noticia.html

 

Susana Díaz ha elegido al exalcalde de Huévar, tres veces condenado, para gestionar las Políticas Activas de Empleo, con más de 700 millones de euros

Condenado en el año 2011 por una falta de injurias contra un funcionario municipal que era policía local, condenado en mayo de 2015 por pegar a un árbitro en un partido de fútbol de cadetes, y condenado en 2010 por vulnerar los derechos de la oposición del PP y no facilitarles la información necesaria para realizar sus funciones públicas. Esta es sólo una parte del curriculum del socialista Rafael Moreno Segura, exalcalde de Huévar del Aljarafe y que acaba de ser nombrado director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía, un puesto clave y que está en el centro de la polémica judicial por el caso de los ERE.

Porque además de las sentencias contra él, el nuevo director general tiene una trayectoria plagada de polémicas, denuncias y mala gestión al frente del Ayuntamiento de Huévar, un municipio sevillano de 2.700 habitantes. Así, precisamente la Seguridad Social lo investigó porque no pagaba las cuotas de los trabajadores de su consistorio, además de adeudarles nóminas, lo que provocó la intervención incluso del Defensor del Pueblo Andaluz dada la gravedad de la situación. En el año 2010, los trabajadores estuvieron más de nueve meses sin cobrar sus nóminas lo que llevó a algunos a una situación límite como quemar un despacho municipal y encadenarse en las dependencias municipales amenazando con quemarse a lo bonzo. La situación fue dramática y muchos de los trabajadores tuvieron que recurrir a la caridad de sus vecinos para poder subsistir.

A todo esto se unen las contrataciones irregulares que llevó a cabo en el Ayuntamiento durante los 18 años que fue alcalde del mismo. En el año 2014, Rafael Moreno realizó 455 contrataciones en el Ayuntamiento aunque sólo informó de 258 al comité de empresa, ocultando así 197 contratos.

Gestión económica

Un capítulo aparte merece la gestión económica de Rafael Moreno Segura al frente del municipio. Con un presupuesto anual en torno a 3 millones de euros, ha dejado las arcas públicas con una deuda de más de 20 millones de euros, lo que supone que cada vecino de Huévar debe más de 7.000 euros. El regidor también ha dejado de pagar 11 millones de euros a la Seguridad Social durante estos años.

El Consejo de Gobierno nombró hace una semana a Rafael Moreno como director general de las Políticas Activas de Empleo, un departamento que maneja un presupuesto de más de 740 millones de euros y que tiene la responsabilidad de poner en marcha unas políticas que habían quedado aparcadas por los escándalos, tanto de los ERE como de los cursos de formación.

Los motivos de Susana

El nombramiento de Rafael Moreno como alto cargo de la Junta de Andalucía no ha sorprendido en el seno del PSOE a pesar de lo que pueda decir su curriculum. Moreno es uno de los afines a Susana Díaz desde hace años, cuando la ahora presidenta ganaba los congresos en el seno del PSOE de Sevilla. En el año 2012, cuando Díaz optaba a la secretaría general del PSOE sevillano, Rafael Moreno fue uno de los regidores más activos en buscarle apoyos y auparla en un cargo que fue fundamental para llegar a donde está ahora.

No es la primera vez que Díaz confía en Rafael Moreno. Ya lo eligió para ser presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir en el año 2011. Claro que, entonces, era José Antonio Viera el secretario general del PSOE sevillano y Susana Díaz su número dos.

Asaja Córdoba pide al Defensor del Pueblo la eliminación del Impuesto de Sucesiones

Asaja Córdoba ha enviado sendos escritos al Defensor del Pueblo de España y al Defensor del Pueblo Andaluz solicitando que realice todas las acciones posibles para conseguir la eliminación del Impuesto de Sucesiones mediante “una armonización nacional que elimine las desigualdades entre los ciudadanos españoles por el simple hecho de residir en una u otra comunidad autónoma”.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que el hecho de que este impuesto esté cedido a las comunidades autónomas implica la existencia de 18 sistemas impositivos, con diferentes tipos y bonificaciones, de manera que en función del lugar en el que el difunto tuviese su domicilio, o en función de dónde lo tenga el heredero, las diferencias en lo que debe pagarse por este impuesto pueden ser enormes, siendo Andalucía y los andaluces de “los más perjudicados con este impuesto”.

   Y es que la reforma de la Junta de Andalucía “no deja de ser más que un agravio a los andaluces y los agricultores porque sólo es aplicable a una ínfima parte de los afectados, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma”. Por ello, los agricultores andaluces siguen estando muy discriminados respecto a los de las otras regiones y además de ello, el resto del patrimonio no agrario no tiene ninguna exención, siendo los andaluces, los españoles más penalizados por este injusto impuesto”.

   Por ejemplo, en la transmisión mortis causa o inter vivos de las explotaciones agrarias “se contempla una reducción, pero que casualmente se puede aplicar en muy pocas situaciones”. Se establece el derecho a la reducción del 99% para el caso de adquisición por el cónyuge o descendientes del causante o donante siempre que se cumplan dos requisitos: que el causante o donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, personal y directa a la fecha del fallecimiento o donación y que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante o a la donación.

   Asimismo, enel caso de donaciones, al tratarse de una reducción propia e incompatible con la reducción para la adquisición de una empresa individual establecida en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, en caso de transmisión inter vivos no resulta de aplicación la exención establecida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las ganancias patrimoniales. Esto implica que, en el caso de una donación, el donante seguirá gravemente perjudicado al continuar teniendo que pagar una importante cantidad al fisco.

Más información: http://asajacordoba.es/contenidos/entradablog/asaja-cordoba-pide-al-defensor-del-pueblo-la-eliminacion

Una familia reclama a la Junta los 62.000 euros que se ahorraría en Madrid por el impuesto de sucesiones

Si Manuel R. G. hubiese vivido en Madrid hasta su muerte el pasado 23 de julio en lugar de haber elegido Bollullos de la Mitación, sus herederos se habrían ahorrado 62.613,25 euros en la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones. Pero ha tenido la «fatalidad» de residir y fallecer en este municipio sevillano. Por este motivo, su único hijo, Indalecio R.R., y su viuda, María Manuela R.L., han tenido que pagar 63.230,44 euros por quedarse con una herencia que formaba parte del ámbito familiar.

En la Comunidad de Madrid, la factura habría sido simbólica: 617,19 euros. Cien veces menos por aceptar una herencia similar: una casa, un local de 60 metros para oficinas y ahorros en metálico y acciones. La oficina liquidadora de la Junta de Andalucía valoró todo en 485.510,98 euros.

Indalecio y su madre no se han quedado de brazos cruzados por lo que consideran una «grave desigualdad». Tras liquidar el impuesto en la cantidad requerida por la Junta, han presentado una reclamación ante la Agencia Tributaria de Andalucía solicitando la devolución de «los ingresos indebidos».

Rectificación

En el escrito que registraron el 22 de mayo ante este órgano dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al que ha tenido acceso ABC, estos contribuyentes le piden que rectifique la autoliquidación porque la norma andaluza «establece una discriminación contraria a la Constitución Española y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

«Su pecado, su único pecado, es que su difunto padre residía en Andalucía», expone el escrito

La reclamación va acompañada de la autoliquidación equivalente que habrían presentado ante la oficina liquidadora de Madrid, conforme al modelo 650 que aparece en el Portal del Contribuyente de esta comunidad.

«El ciudadano Indalecio R., que ha pagado 63.230,44 euros a la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía no tiene los mismos derechos ni obligaciones que el ciudadano Indalecio R., que por lo mismo tributa en la Comunidad de Madrid 617,19 euros. Y su pecado, su único pecado, es que su difunto padre residía en Andalucía», explica el escrito elaborado por el abogado sevillano Armando Rozados.

Estos contribuyentes abren una vía de reclamación, con pocos precedentes, contra uno de los tributos que registra mayores diferencias entre autonomías y que más rechazo social suscita. Prueba de ello es que recientemente ha nacido una plataforma que propugna su supresión llamada Stop Impuesto de Sucesiones que ya ha recogido más de 100.000 firmas.

Es sólo el comienzo de una carrera judicial de fondo. «Si la Junta rechaza la rectificación, iremos al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Teara) y, después, al Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que puede optar entre elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o dictaminar», asegura Armando Rozados.

La regulación andaluza, a diferencia de la norma madrileña —que aplica más bonificaciones—, «genera tal desigualdad de trato entre españoles sólo en función del lugar de residencia del causante al fallecer» que es «una norma nula y contraria a Derecho, y debe tenerse por no puesta». Y añade: «no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente en esta comunidad autónoma y la de un residente en otra comunidad autonóma española (como, por ejemplo, Madrid o Canarias) que pueda sustentar la validez de esta diferencia de trato».

En el escrito presentado ante Hacienda consideran conculcados hasta seis artículos de la Constitución Españolas. Que van desde el que establece que «todos los españoles son iguales ante la ley» hasta «la protección social, económica y jurídica de la familia», sin olvidar «el derecho a la propiedad privada y a la herencia» o la libre elección de residencia. «¿Qué derecho a la libre elección de residencia hay cuando ya hemos visto cómo se penaliza residir o trabajar en Andalucía?», inquiere el documento.

Más información en: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-familia-reclama-junta-62000-euros-ahorraria-madrid-impuesto-sucesiones-201705270822_noticia.html

El Gobierno andaluz amordaza al Parlamento con apoyo de Ciudadanos

El Gobierno andaluz logró ayer, con la imprescindible colaboración de Ciudadanos, vetar el debate de dos proyectos de ley presentados por la oposición, uno sobre la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (del PP) y el otro sobre la publicación de todas las cuentas de la Junta de Andalucía (de Podemos). Dos iniciativas legislativas que se han quedado, de momento, en un limbo jurídico en una situación sin precedentes hasta ahora en la historia parlamentaria andaluza.

La Mesa del Parlamento, el órgano de Gobierno de la Cámara, impidió que ambas leyes sean incluidas para su debate político en el próximo Pleno que se celebrará la semana que viene contando con los votos mayoritarios del PSOE y la connivencia de Ciudadanos que se abstuvo en la votación. En el otro lado, PP, Podemos e IU se pronunciaron a favor de debatir sobre estas leyes. El argumento presentado por el PSOE para este bloqueo no fue otro que la oposición mostrada por el Gobierno andaluz a ambas iniciativas alegando que interfieren en sus decisiones sobre el Presupuesto. No es la primera vez, ni mucho menos, que el Ejecutivo se opone a una ley de la oposición pero, hasta ahora, siempre se habían tramitado y debatido aunque después el Pleno del Parlamento no las hubiese aprobado. La reunión terminó con los ánimos exaltados.
 

Ahora la situación ha cambiado. Durante más de cinco horas estuvieron los grupos políticos discutiendo sobre el asunto, en una reunión que terminó con los ánimos exaltados y con una enorme tensión política que el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, trató de aplacar alegando un «limbo jurídico» que pretende resolver con una propuesta de cambio en el Reglamento que ahora tendrá que analizarse.

A esa «laguna» o «cuestión formal» se aferró ayer el grupo de Ciudadanos que volvió a ser —como ha ocurrido en la creación de la comisión de investigación de los cursos— el eje de todas las críticas por servir de muleta a los intereses del Gobierno del PSOE a pesar de negar una y otra vez la existencia de un pacto oculto entre ambos, como sí consideran el resto de fuerzas de la oposición.

 

Nunca se ha aprobado

Claro que en esta ocasión el contenido de las propuestas también interesa a Ciudadanos. Con su abstención favoreciendo al PSOE, la formación naranja ha impedido que se debata en el Pleno la bajada de impuestos, una iniciativa que el PP lleva presentando desde el año 2003, que se ha debatido en, al menos, tres veces desde entonces, pero que nunca se ha aprobado.

La formación de Juan Marín quiere ser la que ha logrado reducir los impuestos en Andalucía, una batalla que lleva librando desde que firmó el acuerdo de investidura con el PSOE. Así, si esta ley se presenta en el Pleno, no tendrá más remedio que votar a su favor —lo contrario sería una incongruencia muy visible— por lo que habría perdido la iniciativa política en este sentido y, precisamente, a favor del PP. Lo mismo le ocurre con la iniciativa legislativa de Podemos. La formación morada quiere que la Junta haga públicos todos los saldos de las cuentas, un ejercicio de transparencia sin precedentes que también Ciudadanos quiere arrogarse.

Más información en: http://sevilla.abc.es/andalucia/20150917/sevi-ciudadanos-psoe-mordaza-201509162216.html

"La plusvalía ha provocado la ruina de muchos ciudadanos"

Especializado en derecho tributario, administrativo y mercantil, José Cepero, sevillano de nacimiento aunque lleva residiendo 24 años en Jerez, defiende a ultranza que "la mejor defensa es un buen ataque". Y en este caso esta máxima le ha valido una gran victoria.

-¿Cómo llega a la conclusión que se puede tumbar parte de la plusvalía mediante un recurso al Constitucional?

-Todo parte de un proceso contencioso donde se llega a la conclusión de que lo mejor para suspender la ejecución era presentar una cuestión de inconstitucionalidad. El derecho es lógica y es evidente que con la plusvalía se estaba cometiendo una injusticia, aunque estuviera recogida en la ley. Se llegó un momento que al juzgado se le escapaba el procedimiento por lo que vimos que la única salida era ir a por la ley. Y se ha conseguido.

-Perdone que se lo plantee así: esto se le ocurre a un abogado en Jerez...

-La verdad es que he sido el único que se había planteado seriamente esta vía; al menos yo no tengo constancia de otros casos. El del País Vasco -se tumbó la norma foral por este mismo motivo-fue posterior al nuestro aunque se resolvió antes porque se ha necesitado de la personación del Senado y del Congreso. El fallo es de un calado brutal, un hito jurídico.

-¿Cómo queda ahora el impuesto de la plusvalía?

-La verdad es que se encuentra en un limbo jurídico porque, aunque se conoce la sentencia, aún no se ha publicado en el BOE para que entre en vigor. El legislador tiene que modificar la ley pero los ayuntamientos, que son los que la aplican, ya saben que no pueden hacerlo en aquellos casos donde no haya un incremento del valor.

-¿Y si los ayuntamientos deciden no hacer cambios mientras no haya una nueva regulación?

-Yo lo que aconsejo, y así se lo estoy empezando a comunicar a mis clientes, es que cuando tengan que pedir la liquidación en aquellos casos donde haya pérdida patrimonial comuniquen que están exentos por esta sentencia y esperen a la resolución municipal. Lo mejor que pueden hacer los ayuntamientos es actuar con prudencia a la espera de que resuelva el Estado.

-Hay ayuntamientos como el de Jerez que ya alertan del perjuicio económico que les supondrá el cumplimiento de esta sentencia...

-Le argumento lo contrario. Esta plusvalía injusta ha provocado la ruina de muchos ciudadanos y los ayuntamientos tienen que resarcir ese daño. Ahí están los casos de personas que perdieron su vivienda por no poder pagar la hipoteca y se les liquidó la plusvalía. Y, si vamos más allá, también supone una injusticia pagar una plusvalía por el simple hecho de recibir una herencia cuando no se ha vendido aún.

Más información en: http://www.diariodejerez.es/jerez/plusvalia-provocado-ruina-ciudadanos_0_1137486956.html

Cinco «bulos» que circulan sobre el impuesto de sucesiones en Andalucía

Las redes sociales, aliadas con el agitprop y el desconocimiento, han difundido como verdades irrefutables axiomas sin fundamento sobre el impuesto que grava las herencias. Éstos son los principales «bulos» que circulan sobre uno de los tributos más complejos y polémicos del sistema fiscal español.

1. Sólo los ricos pagan

Es la frase de moda en el Gobierno andaluz. La consigna que repiten, con insistencia machacona, los cargos del PSOE, incluida Susana Díaz, para justificar el impuesto de sucesiones. Un mantra difundido a toda velocidad en Internet para neutralizar la indignación de los afectados. Pero nada más. A poco que se analicen los datos, la idea se desmorona. Ni Fabiola Lara, una viuda de Coria del Río con 395 euros de pensión que regenta una tienda de comestibles —a la que Hacienda reclama 174.192 euros— ni el guardia civil con las cuentas embargadas hasta 2117 por la liquidación fiscal de su tía difunta, aparecen en ninguna lista Forbes. «El mito de que sólo pagan los ricos es falso. Se puede ser mileurista y recibir una importante herencia de un tío de América. Tributa el que recibe la herencia, sea rico o pobre», subraya Luis Ortega, abogado del Grupo Hereda. «El que tiene posibilidades económicas tiene una sociedad instrumental, con un capital dividido en acciones que tienen un tratamiento tributario diferente y más favorable», corrobora el abogado Pedro Cuadro, especialista en estos trámites.

2. No renuncian a la herencia por el impuesto

Cada día se producen 19 renuncias de herencias ante notario en Andalucía. Entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, hubo 6.939 desestimientos, un 201 por ciento más que cinco años antes, según las estadísticas del Consejo General del Notariado.La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, niega que el pago de las sucesiones sea el motivo de que los contribuyentes repudien los bienes que les dejan sus familiares al morir. Para apuntalar su argumento, recuerda que hay comunidades con una cuota simbólica donde también hay renuncias. En Madrid 3.118 herencias fueron rechazadas en entre enero y septiembre de 2016. Es verdad, a medias. La falta de liquidez para afrontar la factura fiscal (sucesiones, plusvalías y costes notariales) es una de las causas que explican el crecimiento exponencial de las renuncias. La herencias pocas veces van acompañadas dinero en metálico, lo que obliga a malvender los inmuebles para cumplir con Hacienda. El notario sevillano José María Florit estimó que hay entre un 30 y 40 por ciento más de renuncias en las regiones donde el impuesto es más alto. Catalanes y andaluces son, por este orden, quienes más veces dicen «no».

Pese al indudable efecto que tiene la cuota tributaria, la factura fiscal—esto es cierto— no es la principal razón de las renuncias. Los notarios creen que pesa más el aumento de las llamadas «herencias dañosas» en los años de la crisis. Es decir, aquellas en las que el pasivo supera a los activos. Ante esta tesitura, existe la opción de aceptar los bienes a beneficio de inventario. El heredero responde de las deudas con lo que recibe y nunca con sus propios bienes, buscando un acuerdo con los acreedores del finado.

3. Sobrinos y hermanos pagan igual en toda España

Este axioma tampoco se sostiene. Tanto los hermanos como los sobrinos y tíos están encuadrados en el grupo III, para el que la Junta de Andalucía establece una reducción de 7.993,46 euros en general y otra del 95% en el caso de la vivienda habitual heredada entre hermanos mayores de 65 años. En Vizcaya, en las herencias entre hermanos están exentos los primeros 40.000 euros y los primeros 20.000 euros en el caso de los tíos y sobrinos. En Álava hay una rebaja de 38.156 euros en adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado. En Canarias se bonifican 9.300 euros, mientras que Madrid, Galicia y Cataluña tienen la misma reducción que Andalucía.

La principales rebajas en Andalucía afectan a padres, hijos y cónyuges. Desde el 1 de enero están exentas las herencias entre estos familiares directos que no excedan de los 250.000 euros (antes el límite estaba en 175.000).

4. Es un tributo progresivo que no discrimina

Es progresivo en parte. Hasta 350.000 euros, los 200.000 primeros están exentos. Pero un solo euro de diferencia (350.001 euros) produce un salto que acarrea que el contribuyente pague 47.000 euros más, al perder la exención de los doscientos mil. Sucesiones es una fuente de agravios comparativos y distorsiones económicas, producto de la regulación que ejerce cada comunidad autónoma sobre un tributo cedido por el Estado. Como muestra un botón. Para un andaluz soltero de 30 años que herede de su padre bienes por 800.000 euros, tiene que pagar 1.200 veces más que si viviera en Canarias y 100 veces más que si lo hiciera en Madrid. La Junta alega que este caso no es representativo.

En el año 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso coto a la discriminación de los residentes españoles en el extranjero, que no podían acogerse a las bonificaciones autonómicas.Pero nada dijo al respecto de la brecha fiscal existente entre los propios españoles. Francisco Toledo, un médico gaditano, se propone llevar este trato discriminatorio al Tribunal Constitucional. La Asociación Stop Impuesto de Sucesiones ultima un recurso ante la Justicia europea.

5. La Junta se queda con las herencias

En el caso de que alguien fallezca sin testar ni descendientes, el Estado es el heredero legítimo de todos sus bienes. También lo es en el caso de que la herencia sea repudiada. La Junta de Andalucía no hereda nada a diferencia de otras comunidades (Navarra, Cataluña, Galicia, Aragón, Valencia y País Vasco) que tienen una regulación específica para estos supuestos.

Más información en: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-cinco-bulos-sobre-tributo-sucesiones-201703120825_noticia.html