Los «sabios» de la financiación piden armonizar Sucesiones y que las regiones puedan subir el IVA

El nuevo modelo de financiación autonómica ya cuenta con una propuesta cerrada sobre el papel. El grupo de expertos elegido por el Gobierno y las comunidades entregará la semana que viene al Ministerio de Hacienda sus recomendaciones sobre el nuevo sistema de financiación para las comunidades de régimen común -se excluye a País Vasco y Navarra, con regímenes forales-. En el documento aparecerán numerosas divisiones y algunos acuerdos. Como señalan a ABC fuentes presentes en los encuentros de los «sabios», finalmente el informe incluirá entre sus propuestas que haya un tipo de IVA colegiado para las regiones. La recomendación supone que, junto al tipo estatal, las comunidades de régimen común puedan decidir de forma conjunta si subir o bajar el tipo que repercuta sobre la mitad de la tarifa del impuesto que les corresponde. Ello se traduciría en mayores o menores ingresos según lo suban o lo bajen, ya que el impuesto es cedido: el 50% de la recaudación va al Estado y la otra mitad, a las autonomías. La diferencia con la situación actual es que ahora es el Estado el único que decide sobre los tipos del impuesto: de esta manera también decidirían las regiones.

Sin embargo, aquí habría división entre las comunidades que querrían bajar el tributo y las que se inclinarían por subirlo. La propuesta parte de uno de los expertos nombrados por el Gobierno, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, que ha defendido en numerosas ocasiones esta idea para elevar la corresponsabilidad de las autonomías con el Estado. El grupo de expertos está conformado por 16 «sabios» propuestos por cada comunidad y ciudad autónoma de régimen común -con la excepción de Cataluña, que no propuso candidato alguno pero que confiaba en la postura del experto de Baleares, Guillem López-. Junto a estos 16 economistas, el Gobiernocontaba con cinco expertos en el comité.

Este grupo de «sabios» tuvo el pasado miércoles su última reunión de trabajo, antes de que entregue en unos días el informe a Hacienda. Finalmente, el comité no ha logrado consensuar una propuesta única, ya que el documento que mandará ha recibido una enmienda del experto balear -que por ejemplo, se opone al IVA colegiado-, ni siquiera tiene el aval completo de los expertos del Estado y ha recabado numerosos votos particulares de unas comunidades y otras en cada capítulo, según los intereses económicos y por encima del color político.

El informe no tiene caracter vinculante y el Gobierno, junto a las Cortes y las comunidades autónomas, decidirán hasta qué punto seguir sus propuestas o no. La negociación política se antoja ardua, con un panorama en el que el PSOE, con Pedro Sánchez a los mandos, gobierna en siete comunidades y el PP en otras cinco. Los «sabios» tenían hasta el 10 de agosto para alumbrar el informe. Al final el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo recibirá la semana que viene, antes de verse las caras con los consejeros regionales del ramo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 27 de julio para fijar los objetivos de déficit de cada región para 2018.

Cláusula de statu quo

Otra de las sugerencias que incluirá el documento será la armonización del Impuesto de Sucesiones, con la fijación de una horquilla con un tipo mínimo y un máximo a decidir. Eso sí, en las reuniones se ha plasmado algún voto particular contra el establecimiento de un tipo máximo. El Impuesto de Sucesiones es uno de los que mayores diferencias genera entre comunidades según los casos. Varias autonomías gobernadas por el PSOE se quejaron en la última Conferencia de Presidentes del «dumping fiscal» de regiones como Madrid, que bonifica Patrimonio y Sucesiones al 99%. Precisamente, los expertos han acordado una armonización con un máximo, pero no un mínimo, en Patrimonio por lo que Madrid podrá continuar bonificando el tributo al 100% como hace ahora.

Junto a ello, hay tres puntos que han congregado gran división entre las regiones. Uno de ellos es el de las quitas de la deuda autonómica por parte del Estado. Estas fuentes señalan que el grupo de expertos aprobó la no condonación de deuda como postura mayoritaria, si bien se han emitido votos particulares a favor y en contra de esta postura. Comunidades como Valencia, la que más ha aprovechado los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) durante la crisis han defendido esta postura. Su argumento es que han tenido que endeudarse por la propia falta de financiación intrínseca del sistema hacia ciertas regiones como Valencia, Murcia o Cataluña, que no podrían haber prestado los servicios básicos. Las que no han recurrido a estos préstamos con tanta intensidad, se han opuesto a reestructurar la deuda porque supone un incentivo perverso para las comunidades saneadas. Hacienda decidirá.

Otro punto de fricción es el del mantenimiento del statu quo, es decir, la línea roja que suele contar todo modelo de financiación autonómica: que ninguna comunidad pierda recursos frente al anterior sistema. Fuentes conocedoras de las reuniones apuntan que el documento que se entregará a Hacienda abre la puerta a eliminar esta cláusula, lo que permitiría que algunas regiones perdieran recursos y que el modelo repartiera financiación según la población ajustada de cada región. Cinco representantes -los de Castilla y León, Aragón, Extremadura, La Rioja y Cantabria-, junto a un experto del Estado han votado en contra del informe en este punto: apoyan que se mantenga el statu quo. Este capítulo divide a las regiones con tendencia a perder habitantes -que defienden que la dispersión y la despoblación conllevan gastos extra- y las que no.

Principio de ordinalidad

Los otros capítulos de disensión han sido el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades que más recursos generen sean las que más financiación reciban. El PSOE defiende desde su declaración de Granada en 2013 este capítulo, pero entre las autonomías no hay consenso. También hay división en la nivelación, esto es, que las regiones reciban los recursos suficientes para prestar los mismos servicios públicos a sus habitantes, de forma que no haya desigualdades -más allá del régimen foral de País Vasco y Navarra-.

Tras el debate entre expertos, la reforma saltará a la arena política. El modelo actual data de 2009, y en 2014 se debería haber abordado un nuevo sistema pero, en palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entonces «no había recursos» pero sí mayoría absoluta y el PP gobernaba en la mayoría de autonomías. Ahora la situación es diferente.

Críticas en el informe ante el acuerdo del Gobierno con PNV por el cupo vasco

El mismo día en que los expertos celebraban su última reunión técnica, el pasado miércoles, el Gobierno firmaba con el País Vasco el acuerdo del cupo para 2017 a 2021. Un pacto que ha redundado en cientos de millones de euros más en recursos para País Vasco. País Vasco y Navarra, por su régimen foral, son las comunidades mejor financiadas, por lo que las concesiones del Gobierno al PNV estos meses, para lograr su apoyo a los Presupuestos, no han sentado nada bien al grupo de expertos, que se han sentido ninguneados. El experto de Asturias, Carlos Monasterio, dimitió del grupo en mayo por este motivo y el documento que entregarán los expertos a Hacienda, según fuentes presentes en las reuniones, contiene una dura crítica a esta manera de proceder del Ejecutivo.

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