La amenaza de perder su estabilidad política forzará al Gobierno andaluz a negociar otra rebaja

El impuesto de sucesiones y donaciones vive una agónica cuenta atrás. La presión ejercida por el nutrido ejército de descontentos ha terminado incubando un clima eléctrico en la opinión pública, donde ha calado la idea de que pagar un tributo por recibir herencias de familiares es «injusto», castiga a las esquilmadas clases medias y «discrimina» a los andaluces respecto a los ciudadanos de otras regiones que abonan una cuota simbólica.

Despejada la premisa mayor —los principales actores políticos en Andalucía han asumido que deben rebajarlo sí o sí—, resta saber cómo y cuándo lo van a liquidar. Añádanle el quién, el por qué y el dónde y tendrán las seis preguntas clásicas que encierran el secreto de la alquimia del periodismo, a las que debe responder cualquier noticia que se precie de serlo. Lo único que está meridianamente claro a día de hoy es que en el patio parlamentario andaluz no van a faltar candidatos dispuestos a apuntarse el tanto de haberle dado matarile al impuesto con peor prensa del sistema fiscal español. Aún no lo han liquidado, pero la guerra política por arrogarse el éxito ya es una realidad palpable.

La combativa campaña de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones —que ha reunido más de 150.000 firmas para tumbarlo— y la agitación en las redes sociales han arrojado combustible a esa hoguera de descontento. Los partidos han tenido que reaccionar. PP, Ciudadanos (Cs) y el hasta ahora remiso PSOE —IU y Podemos no cuestionan el tributo— han interiorizado la idea de que la presión fiscal sobre las herencias debe aflojarse.

Cada uno tiene sus razones. Unos por convicción política o por mera estrategia, para erosionar al adversario que achica su espacio electoral. Son los casos del PP y Ciudadanos. Otros, como el partido que gobierna la Junta de Andalucía, han aceptado la reforma a regañadientes para enfriar una patata caliente que iba camino de achicharrarles y, sobre todo, para preservar su estabilidad política amenazada por el órdago que ha lanzado el partido de Juan Marín. Ciudadanos, el aliado de Susana Díaz en el Parlamento andaluz, condiciona su apoyo a los presupuestos autonómicos para el próximo año a una segunda revisión del impuesto en lo que va de legislatura.

En este juego acrobático en el que ha derivado el debate del impuesto de sucesiones, el Gobierno andaluz, que partía de posiciones más alejadas, se prepara para dar un triple salto mortal ideológico con doble tirabuzón.La forzosa conversión que ha experimentado el PSOE en pocos meses tiene ya reflejo en los mensajes que los máximos responsables del Ejecutivo trasladan a los medios de comunicación.

El «no es no» inicial ha mutado en un «ya veremos», para instalarse, luego, en un «no pero sí», a la espera de conocer las entregas a cuenta de la recaudación prevista que Andalucía va a recibir del Estado. Será entonces, a finales de este mes, cuando retomará la negociación con Cs para modificar sucesiones y el tramo autonómico del IRPF.

De vincular el impuesto con los ricos, la Junta pasó a desplegar una campaña de propaganda institucional para defender su legitimidad y el PSOE movilizó a sus cuadros locales para convencer a los militantes de que «en Andalucía el 98% de los parientes directos no paga nada». La herramienta estrella fue un simulador «on line», sin validez jurídica, para que los usuarios pudieran calcular el importe de su factura. El simulador dejaba fuera a los familiares que más pagan: hermanos, padres, sobrinos, nietos, tíos y primos hermanos, cuya tributación apenas varía entre regiones.

Devolución frustrada

Como el clamor social no decaía, Díaz buscó otro golpe de efecto: amagó con devolver al Estado la gestión de este tributo cedido por el Estado a cambio de los 400 millones de euros que reporta a las arcas autonómicas.

La operación, más voluntarista que efectiva, tuvo corto recorrido. Ni respuesta le han dado desde el Ministerio de Hacienda. Sin más combustible que gastar y con Ciudadanos apretándole las tuercas, la misma presidenta que en abril proclamaba que no iba a consentir que los trabajadores pagaran «los caprichos de los ricos en Andalucía» a cuenta de este tributo, ha dejado ahora la puerta abierta a su rebaja. Susana Díaz aseguró el pasado martes que quiere cumplir su acuerdo de investidura con Cs, lo que «exige saber primero qué tenemos y con cuánto contamos». Sus palabras sonaron a claudicación, sabedora de que la guerra se gana perdiendo algunas batallas. Ésta ya la ha dado por perdida. Pero no explicó ni cuándo ni cómo va a revisarlo, aunque de sus palabras se intuye el porqué al quejarse del «proceso de deslegitimación» del tributo.

El problema de Ciudadanos es otro. En su reunión con Stop Impuesto Sucesiones, Marín defendió que los familiares directos no paguen el impuesto por herencias de hasta un millón de euros. Las expectativas que ha creado son tan altas que todo lo que quede por debajo de este listón puede generar frustración. Necesita reivindicarse como oposición útil para cerrar el paso al PP, un partido que le disputa el electorado, y proyectarse frente a quienes critican que actúa como «muleta» del Gobierno andaluz. Juega a su favor que el PSOE, al que le reprocha que le está dando largas, tampoco quiere dar aire a los populares.

Juanma Moreno pugna para que la pareja PSOE-Cs no lo saque de la pista de baile.Tras el veto de la izquierda a una proposición de los populares para bonificar el impuesto al 99%, el presidente del PP andaluz ha prometido aplicar la reducción si llega a ser presidente. Asume como propias las reclamaciones de los afectados contra la Junta pero su firmeza flojea cuando se trata de atender la demanda deStop Impuesto Sucesiones para que el Gobierno central derogue el impuesto.

Más información en: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-pp-ciudadanos-y-psoe-compiten-rentabilizar-impuesto-sucesiones-201707092113_noticia.html