Impuesto de Sucesiones, tocado y hundido

Fuente: ElCorreo

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El Impuesto de Sucesiones y Donaciones «es un impuesto tocado», afirmaba recientemente la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Tocado y hundido, podría haber añadido a tenor del desprestigio del que goza dicho impuesto desde hace ya tiempo en diversos puntos de la geografía española, entre ellos Andalucía.

La consejera aboga por la armonización del impuesto para así acabar con las desigualdades que existen actualmente entre unas y otras comunidades autónomas. Después de todo, estamos hablando de un impuesto que, según los presupuestos de la Junta para 2017, solo representa un 2,79 por ciento del total de impuestos directos, indirectos y tasas o precios públicos.

A muchas familias el gravamen les ha impedido recoger una herencia. Para otras tantas, el Impuesto de Sucesiones directamente se ha convertido en un verdadero problema financiero que no han podido o no han sabido enfrentar.

Uno de los puntos que mayor controversia ha generado en el citado impuesto es el de los errores de tasación de los bienes heredados en los que incurre la administración. No en vano, el Tribunal Supremo ya ha intervenido en numerosos ocasiones a favor de familias que veían cómo la valoración de las herencias de la administración no se correspondía con el valor real de los bienes heredados.

Incluso la propia Junta reconoce que los coeficientes que permiten calcular el impuesto que un contribuyente debe pagar están «desactualizados». El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, señaló que la administración andaluza sigue empleando coeficientes del año 2007 «de cuando la crisis no había llegado, y hoy no se vende un piso por la cantidad que en esa fecha».

Pocos son ya los que no admiten que es necesario un cambio de dirección. Hay muchas voces que se manifiestan favor de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (10 de las 19 economías avanzadas de la Eurozona ya han acabado con este impuesto). Pero el contribuyente andaluz se conforma, por ahora, con recibir el mismo trato que muchos españoles a la hora de liquidar el tributo de la discordia.

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