Heredar en Andalucía es arruinarse y llorar

En los años cincuenta del siglo pasado, Francisco Pacheco Romero fue lo que hoy llamaríamos un emprendedor, un hombre hecho a sí mismo, un currante de tomo y lomo. Montar un negocio en plena posguerra tenía su aquel, y más en un sitio como Jerez de la Frontera, un lugar conocido en el mundo por el vino que elaboran sus bodegas; por los caballos (“en Jerez, o te apellidas Domecq o eres caballo”), y por la notoriedad de su circuito, en el que anualmente se celebra una de las pruebas puntuables para el campeonato del mundo de motos de gran cilindrada. Obligado a trabajar a partir de los 14 años, Francisco empezó con un taller de venta y reparación de bicicletas. Los más viejos del lugar aún le recuerdan yendo en bici a Sevilla a comprar recambios, una auténtica machada que compartía con su amigo Bahamontes. A eso le siguió un pequeño negocio de motos, donde entonces podían encontrarse las marcas de moda, las Bultaco, Derbi y demás. Para promocionar las ventas, a primeros de los sesenta ideó la creación del Moto Club Jerezano, con el que empezó a organizar carreras en el casco urbano, gracias a lo cual se pudo ver por la ciudad a gente entonces tan principal como Ángel Nieto.

 

La idea iría ganando peso hasta convertirse en el Gran Premio de Jerez, que Francisco consiguió hacer puntuable para el campeonato de España. Hoy, el circuito jerezano atrae todas las primaveras a decenas de miles de moteros de toda Europa, una multitud que convierte la ciudad en un enjambre de vida y ruido. Ya en los setenta, decidió cambiar de actividad y adentrarse en el mundo de la hostelería con la compra de un pequeño hotel, el Hotel Ávila, en la calle del mismo nombre, más de 30 habitaciones, aún hoy abierto, del que ha vivido la familia durante años. Una vida dedicada al trabajo y una única aspiración: dejar a sus hijos bien posicionados. Lo que nunca pudo sospechar Francisco fue que la herencia que iba a dejar al morir llegaría a provocar la desgracia, además de la ruina económica, de los cuatro hijos por los que se había partido el lomo toda su vida. Todo por culpa del Impuesto sobre Sucesiones andaluz.

Francisco murió en abril de 2010 dejando testamento. Tras la aceptación de la herencia, los hijos procedieron a liquidar con la Junta de Andalucía el mencionado impuesto. El correspondiente a un apartamento en la playa, una plaza de garaje y la vivienda del padre se satisfizo con la venta de los bienes. El problema surgió con el Hotel Ávila, que fue valorado a efectos fiscales nada menos que en 1.456.712 euros, resultado de multiplicar su valor catastral por unos determinados coeficientes aplicados por la Agencia Tributaria andaluza. De modo que los herederos de Francisco, con José Manuel Pacheco Millán a la cabeza, se vieron obligados a hacer frente al pago de 330.000 euros, cifra que, con las plusvalías municipales, se elevó hasta los 403.000 euros. “Cómo no podíamos afrontar el pago de esa suma, nuestra decisión fue poner el establecimiento a la venta, para lo cual pedimos un aplazamiento que, aval mediante, nos fue concedido previa entrega del propio hotel como garantía hipotecaria”, asegura José Manuel.

Lo que nunca pudo sospechar Francisco fue que la herencia que iba a dejar al morir llegaría a provocar la desgracia, además de la ruina económica, de los cuatro hijos

La crisis hizo imposible la venta del inmueble, lo que equivale a decir que los hermanos Pacheco no pudieron afrontar el pago del impuesto de sucesiones, por lo que la Junta procedió a ejecutar la prenda en pública subasta. Tras un par de intentos fallidos, resultó que el Hotel Ávila fue adjudicado en 184.000 euros, menos de un 13% de su valor de tasación, “con lo cual nuestra situación se ha hecho desesperada: resulta que seguimos debiendo prácticamente la misma cantidad que cuando iniciamos el proceso de adjudicación de la herencia, solo que ahora ha desaparecido el principal activo. Con los intereses correspondientes, entre los cuatro hermanos debemos más de 360.000 euros, y como ya no quedan bienes de la herencia que vender, la Junta ha procedido a embargar nuestras propiedades, todo lo que tenemos, mejor dicho, todo lo que teníamos. ¡Nos lo han quitado todo!”

“Hemos sido unos pardillos, porque teníamos que haber peleado aquellas valoraciones, pero ahora ya es tarde. Un año antes de morir mi padre sufrí una enfermedad pulmonar grave, y todo este follón me cogió en pleno tratamiento, físicamente muy débil, como ahora mismo, en que el mínimo esfuerzo me agota, me asfixia… Tengo 71 años y vivo con los 700 euros que cobro de mi pensión de invalidez. Yo no soy gastoso, porque me he pasado toda la vida trabajando en el hotel, pero estoy destrozado, como el resto de la familia. Mi hermano Francisco tiene también embargada la vivienda familiar, además del local donde tiene instalada la asesoría laboral de la que vive. La situación de mis hermanas no es mejor. Isabel, con su pareja en paro, vive estirando el poco dinero que entra en casa, mientras Victoriase las apaña con una pensión de 500 euros”. Mi alegría son los hijos, que quisieron volar por su cuenta y se fueron de aquí; uno de ellos trabaja de informático en Canarias y de cuando en cuando me envía los billetes de avión para que vayamos a verle. Esta es mi vida. La de un arruinado por la Junta de Andalucía”.

Muchas familias andaluzas renuncian a heredar

El 15 de marzo de 2016, el grupo popular del Ayuntamiento de Jerez presentó en pleno una proposición para instar a la Junta a adoptar medidas “que acerquen la tributación del Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones a los mejores tratamientos fiscales que existen en otras Comunidades”, al constatar que el desarrollo autonómico de las competencias cedidas en dicho impuesto ha provocado un agravio comparativo y una discriminación a los andaluces, convirtiéndoles en los españoles que más impuestos llegan a pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias, una penalización que castiga su capacidad de consumo y ahorro, obligando a muchas familias a pedir un crédito avalado por el propio inmueble que se hereda, cuando no a renunciar a ese derecho”. En 2014 hubo en Andalucía 5.980 renuncias a una herencia, un 24% más que el año anterior, y entre enero y septiembre de 2015 estas renuncias habían crecido un 15%, muy por encima de la media nacional. Pues bien, la proposición fue rechazada con los votos en contra del Grupo Socialista, Ganemos Jerez e IULV-CA, más la abstención de Ciudadanos Jerez.

En 2014 hubo en Andalucía 5.980 renuncias a una herencia, un 24% más que el año anterior, y entre enero y septiembre de 2015 estas renuncias habían crecido un 15%, muy por encima de la media nacional

El ABC de Sevilla relataba el pasado febrero el caso de tres hermanos granadinos cuya madre dejó en herencia al morir una casa en el casco antiguo de la capital sobre la que pesa un expediente de declaración de ruina emitido por la Gerencia de Urbanismo. El inmueble, no obstante, fue tasado en 420.000 euros tras aplicar al valor catastral unos coeficientes multiplicadores que varían según el municipio. Resultó que los herederos tuvieron que hacer frente al pago de 175.000 euros, incluyendo las plusvalías municipales, 90.000 de los cuales, a 30.000 por cabeza, fueron a parar a la Junta en concepto de Impuesto sobre Sucesiones. Tras liquidar el impuesto, los herederos recurrieron la valoración del inmueble ante el Tribunal Económico-Administrativo andaluz. “La casa está en venta por 150.000 euros desde hace dos años, pero no hay forma de venderla. Es obvio que esa valoración es un absurdo que esconde una clara intención confiscatoria”.

El 4 de marzo pasado, el digital lavozdelsur.es relataba el caso de José, un andaluz que siendo un niño empezó a trabajar en la tienda de alimentación de su padre y no paró hasta el día de su muerte, con 80 años. Sin estudios, porque no pudo ir al colegio, pasaba los días en el negocio familiar despachando a clientes. Jamás tuvo vacaciones. Con el paso de los años, José heredó la tienda de su padre y la trasladó a otro local en el centro de Jerez que, tras muchos esfuerzos, pudo adquirir en propiedad. Pero una noche del año 2013 se acostó para no volver a levantarse. Un infarto se lo llevó de repente. “Y ahí empezaron los problemas”, relata su hijo Manuel, porque el edificio comprado por su padre incluía dos viviendas, lo que hizo que su valor catastral superaba los 200.000 euros. Manuel y sus hermanos tuvieron que abonar más de 30.000 euros para poder aceptar la herencia, en realidad el 50% del inmueble, puesto que la otra mitad sigue siendo propiedad de su madre, 87 años, por lo que temen verse forzados a pagar una cantidad similar cuando fallezca. “No había manera de renunciar a la herencia, porque la tienda es nuestro medio de vida”, explica. “No soy rico, es más, no tengo un duro, y cuatro personas —con mi mujer y mis dos hijos- dependemos de este sueldo. Las valoraciones de los inmuebles que hace la Junta son un sinsentido”.

¡Qué paguen los ricos!, proclama Susana

Hace escasas fechas, el Parlamento andaluz, a propuesta del PP y con el apoyo de Ciudadanos, rechazó la eliminación progresiva de un impuesto –las herencias inferiores a los 250.000 euros están exentas- que obliga a un andaluz a pagar 100 veces más que un madrileño y 1.200 veces más que un canario por heredar. Un soltero con un patrimonio heredado de unos 800.000 euros debe abonar 164.000 euros en la comunidad andaluza, unos 1.500 en la madrileña, y apenas 134 en la canaria, según el estudio 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017' del Consejo General de Economistas. “Los impuestos van a ser siempre progresivos en Andalucía y no vamos a beneficiar a los ricos ni a quienes heredan 5, 10 o 15 millones de euros”, asegura la presidenta de la Junta. ¡Qué paguen los ricos!, proclama la gran Susana. Una demagogia que paga la gente corriente que hereda un piso de sus padres, porque los andaluces ricos de verdad hace tiempo cambiaron su residencia fiscal a Madrid u otros lugares para no tener que someterse al atraco de la Junta que preside una señora Díaz que acaba de devolver las 35 horas semanales a sus funcionarios y que este año se apresta a crear 40.000 nuevos empleos públicos en la Comunidad.

¡Qué paguen los ricos!, proclama la gran Susana. Una demagogia que paga la gente corriente que hereda un piso de sus padres

¡Qué paguen los ricos!, repite Susana, pero a la familia Pacheco, perfecto ejemplo de esa inmensa clase media trabajadora que hoy puebla la geografía española, ni está si se le espera. Los Pacheco se han visto reducidos a la pobreza por la voracidad recaudatoria de un Gobierno que ha dejado de respetar los tres principios básicos que un gobernante está obligado a cumplir en toda democracia liberal que se precie: garantizar la vida, la libertad, y el derecho de propiedad de sus ciudadanos. “Mi esperanza es que lo que está ocurriendo a tanta gente en Andalucía consiga mover la conciencia de los políticos y que, en nuestro caso, se vuelva a hacer otra valoración de ese inmueble: no puede ser que lo hayan vendido por casi la décima parte de su valor liquidativo”, sostiene José Manuel Pacheco, obligado ahora a pagar un impuesto por un patrimonio que ya no es suyo, que ha desaparecido, y asediado por órdenes de embargo de sus bienes y por el martilleo de unas deudas e intereses que crecen día a día cual bola de nieve.

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