La fiscalidad autonómica entra en la arena electoral

Cobrar una nómina, comprar una vivienda o coche usado, suscribir una hipoteca con el banco, llenar el depósito del coche o recibir una herencia son algunas de las acciones sobre las que recaen tributos de competencia autonómica. Las comunidades tienen una amplia responsabilidad en los impuestos que pagan los españoles y, por lo tanto, en las próximas elecciones autonómicas que se celebran en 13 comunidades el próximo 24 de mayo, la fiscalidad tiene un papel predominante.

Las diferencias tributarias entre las distintas autonomías se han intensificado en los últimos años y dos contribuyentes que cobran el mismo sueldo, reciben idéntica herencia o se compran una casa por un determinado precio pagarán más o menos impuestos en función de la comunidad de residencia. Cada vez más voces señalan que resulta necesaria una cierta armonización fiscal para evitar agravios comparativos, aunque también hay quien defiende que un sistema autonómico como el español consiste en dejar a las comunidades poder de decisión en asuntos relevantes como la fiscalidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy se había marcado el objetivo de incluir los tributos autonómicos en la reforma fiscal que aprobó a finales del año anterior, sin embargo, esta ambición inicial quedó en suspenso y cualquier cambio en este sentido se abordará después de las elecciones del 24 de mayo. Así, las asimetrías tributarias vigentes se mantendrán y, probablemente, puede que se amplíen en el corto plazo en función de los resultados electorales. Este es la situación tributaria autonómica actual y las principales propuestas de los partidos en liza.

IRPF
El IRPF es el tributo más importante por recaudación y las comunidades tienen competencia sobre la mitad del impuesto. La reforma fiscal aprobada por el Gobierno redujo sensiblemente los tramos y los tipos del impuesto, una media que la mayoría de comunidades replicaron con mayor o menor fidelidad. Autonomías como Andalucía y Cataluña rechazaron replicar la rebaja aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que otras autonomías como Madrid o La Rioja fueron un paso más allá y fijaron rebajas superiores a las estatales. La consecuencia es que, hoy, un trabajador pagará más o menos en el IRPF en función de su comunidad de residencia. Por ejemplo, un asalariado con una nómina de 20.000 euros anuales dejará en las arcas de Hacienda 2.566 euros en Cataluña o Andalucía, un importe que, en Madrid, bajará hasta los 2.359 euros. En términos nominales, las diferencias aumentan con mayor es el salario.

La mayoría de partidos detallarán sus propuestas en el ámbito del IRPF en el programa para las elecciones generales. El PP se limita a señalar que, si hay margen, se revisarán a la baja nuevamente los tipos y tramos del IRPF. El PSOE no se centra en este impuesto y Podemos defiende subir el tributo a los que ganan más de 50.000 euros. Ciudadanos, por su parte, ya propuso reducir el número de tramos de cinco a tres y eliminar las reducciones vigentes por rendimientos del trabajo y otros gastos. También defiende que el Estado abone un complemento salarial a trabajadores con nóminas bajas. Aun así, la propuesta será revisada después de que Cinco Días detectara las medidas anunciadas por C’s perjudicaban a solteros con rentas entre 16.000 y 19.500 euros.

Impuesto sobre el patrimonio
El impuesto sobre el patrimonio fue eliminado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, ante la caída de ingresos, lo recuperó de forma temporal para los ejercicios 2011 y 2012. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ido prorrogando la vigencia del impuesto anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Hoy, todas las comunidades aplican este tributo que, con carácter general, pagan los contribuyentes con un patrimonio superior a los 700.000 euros, teniendo en cuenta que la vivienda habitual está exenta hasta un límite de 300.000 euros. La única excepción es Madrid, que mantiene una bonificación del 100%. En cambio, otras autonomías como Cataluña han rebajado el mínimo exento hasta los 500.000 euros. Según datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente con cuatro millones de patrimonio abonará más de 40.000 euros en Cataluña, Galicia o Andalucía y nada en Madrid.

Podemos defiende que se pague el impuesto sobre el patrimonio a partir de 400.000 euros

El programa marco del PP para las autonómicas no hace ninguna referencia al impuesto sobre el patrimonio. El PSOE, en Madrid, aboga por recuperarlo. Podemos plantea que el tributo se aplique a partir de los 400.000 euros y Ciudadanos defiende para patrimonios superiores al millón de euros.

Impuesto sobre sucesiones
En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se producen grandes diferencias en función de la legislación autonómica que se aplique. En algunos territorios, como Madrid, Galicia, La Rioja o Baleares entre otros, existe una bonificación del 99% para herencias que pasan entre familiares directos. PSOE, Ciudadanos y Podemos defienden que es preciso armonizar el tributo. “El impuesto sobre sucesiones y donaciones constituye un elemento crucial para la promoción de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, su cesión a las comunidades autónomas ha desembocado en un proceso de competencia a la baja que pone en riesgo su continuidad”, señala el PSOEen su programa.

Ciudadanos concreta algo más su propuesta: “La armonización fiscal incluirá la exención de la primera vivienda, de la empresa familiar y de un millón de euros por hijo en el impuesto de sucesiones. Estableceremos un único mínimo exento para toda España cuya cuantía posibilite que las herencias inferiores a 1 millón de euros por hijo no tengan que tributar. Por encima de este millón por hijo aseguraremos que las herencias paguen lo mismo en toda España fijando unos límites máximos y mínimos para la capacidad normativa de las comunidades autónomas”. Podemos también apuesta por la armonización. El PP, por su parte, se limita a indicar en su programa que defiende la reducción del impuesto. Actualmente, y según cálculos realizados por el REAF, un contribuyente que hereda 800.000 euros de su padre, de los cuales 200.000 euros corresponden a la vivienda habitual, deberá pagar más de 160.000 euros en Andalucía, Asturias o Murcia. En cambio, la factura fiscal para este mismo supuesto no alcanzará los 2.000 euros en La Rioja, Murcia o Madrid.

Vivienda
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, o el impuesto sobre actos jurídicos documentos, que se aplica sobre trámites como la formalización de una hipoteca, quedan en un segundo plano en los programas políticos o, simplemente, no aparecen. Y ambos tributos también generan asimetrías. Por ejemplo, comprar una casa de segunda mano en Madrid lleva aparejado un gravamen del 6%, un tipo que alcanza el 10% en Cataluña, Comunidad Valenciana o Galicia. Diferencias que, después del 24 de mayo, se mantendrán.

EL ESCASO MARGEN PARA BAJAR IMPUESTOS

Las campañas electorales son propicias para prometer rebajas fiscales, especialmente a ese colectivo difuso que se denomina clase media. Sin embargo, las comunidades autónomas tienen escaso margen para alegrías presupuestarias. El año pasado, incumplieron de largo el objetivo de déficit público. Registraron un desfase de 17.540 millones, un 1,68% del PIB frente al límite del 1% impuesto por Hacienda. Para este año, los números rojos deben reducirse al 0,7%. Es decir, las comunidades deben asumir un improbable ajuste de unos 10.000 millones de euros este año. En los ejercicios siguientes, el compromiso es rebajar el déficit autonómico al 0,3% en 2016, al 0,1% en 2017 y lograr el equilibrio en 2018.

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