Deslegitimados

Afirma Susana Díaz, presidenta de los andaluces, que el infausto Impuesto de Sucesiones y Donaciones está acabado porque ha quedado "deslegitimado" por la protesta de los andaluces, pero no dice que si alguien ha quedado deslegitimado son ella y su gobierno, por aplicar con toda crueldad ese impuesto contrario a la Constitución y a la decencia. La protesta generalizada de los andaluces no podía quitar la legitimidad a un impuesto que ya era ilegítimo cuando nació, por ser contrario a la Carta Magna y a los derechos humanos, pero sí quitó legitimidad al gobierno que lo aplicaba y que lo sigue aplicando, consciente de que es injusto. 

Los impuestos son justos o injustos. Si son justos, se aplican y si no lo son, se suprimen. Todo lo demás es engaño y manipulación. Si ese impuesto sigue vigente hoy, a pesar de haber reconocido en público su inconstitucionalidad, se está abusando del poder y actuando con maldad manifiesta.

La plataforma ciudadana "Stop Impuesto Sucesiones", que coordina la protesta de los andaluces y sus actuaciones, es recibida hoy por la defensora del pueblo de España, Soledad Becerril, ante la que expondrá sus argumentos contra ese tributo, le hará conocer casos sangrantes de injusticia y dolor causados por la Junta de Andalucía y presentará más de 160.000 firmas de protesta, recogidas en Andalucía, que acudirá acompañada de plataformas similares que operan en Asturias y Aragón otras dos regiones flageladas por ese tributo injusto y cruel. 

La defensora del pueblo conocerá hoy la injusticia y dolor que causa ese impuesto, del que su mayor responsable es Mariano Rajoy, por tratarse de un tributo nacional cedido a las comunidades autónomas, pero que en Andalucía, en lugar de haberlo bonificado al máximo, como se ha hecho en Madrid y Canarias, se aplica con toda crudeza, con el cien por cien de su crueldad, causando dolor y daño en la ciudadanía, que se manifiesta en renuncias a herencias, fugas de familias a otras autonomías con fiscalidad menos injusta, ruinas familiares y desaparición de empresas y puestos de trabajo. 

Rajoy, al que los expertos aconsejaron que eliminara ese tributo por ser injusto y confiscatorio, decidió mantenerlo y transferirlo a las comunidades autónomas como parte de su financiación, con el animo de "desgastar" a los gobiernos autonómicos y arrojando al pueblo en manos de gobiernos codiciosos a los que nada importaba el dolor y la destruccción que causa tener que pagar por lo que se hereda, a pesar de que ya se ha pagado antes por esos bienes, ni que existan diferencias fiscales abismales entre una región y otra, algo que prohíbe expresamente la Constitución. 

La protesta contra el Impuesto de Sucesiones no solo ha puesto de relieve la crueldad de ese tributo, aplicado a pesar de su injusticia y de que causa dolor, daño y ruina a personas y empresas, sino también dos cosas muy importantes: la primera es que la lucha popular contra la injusticia funciona y obliga a los gobernantes a eliminar sus abusos y arbitrariedades; la segunda es que los gobernantes andaluces, al aplicar con todo rigor un impuesto injusto y contrario a la Constitución, han caído en el abuso de poder y han obrado contra el pueblo. 

La vigencia de ese impuesto, a pesar del daño que causaba y de las ruinas y fugas que provocaba, sólo es explicable si se admite que el "régimen" andaluz ha perdido sensibilidad y lucidez, cansado, agotado y abotargado después de tantas décadas en el poder. El hecho de que los socialistas hayan estado gobernando Andalucía más tiempo del que Franco gobernó España ha podido convertir al PSOE andaluz en un partido torpe, insensible y peligrosamente divorciado de la realidad y de los anhelos de su pueblo. 

El Impuesto de Sucesiones ha puesto de relieve muchas cosas que parecían olvidadas: la primera es que el poder político en España está podrido y que sirve más a la codicia y a los intereses de los políticos que al bien común; la segunda es que la protesta de un pueblo indignado acobarda y hace retroceder a los sátrapas y politicastros y la tercera es que es urgente poner orden en la vida política española, que está en manos de mediocres, corruptos y gente que no sirve ni al pueblo ni a la nación. 


Francisco Rubiales.

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