Víctimas de la asociación STOP Impuesto Sucesiones en 13TV con Antonio Jiménez

Estrella Ramírez está con el agua al cuello. Por un local, la casa donde reside con su marido, su hijo de 25 años y su suegra hasta que ésta falleció en 2014 y donde tienen una platería (su medio de vida), la Junta le pide 122.000 euros. Ha impugnado la liquidación porque entiende que la casa está «sobrevalorada». Hasta que la Justicia dictamine, ha ido saldando a plazos parte de su deuda. Le restan 30.000 euros, pero la economía doméstica no da más de sí. «He ido a Hacienda a suplicarle que me den más tiempo, pero se niegan. Han arruinado mi vida, la de mi marido y la de mi hijo, que ha tenido que dejar las oposiciones porque no podemos pagarle la academia».

Maribel Pires se derrumbó. No podía más. Fue escuchar cómo el Parlamento andaluz rechazaba por tercera vez la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y venirse abajo. Ocurrió el pasado miércoles. Esta sevillana estalló en un llanto convulso, sin consuelo, al presenciar cómo diputados del PSOE, Podemos e IU tumbaban la iniciativa del PP. Junto con otros miembros de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones que montaron en cólera en la tribuna, Maribel fue expulsada pero sus palabras al salir retumbaron como un trueno en la Cámara: «El patrimonio de mi padre agricultor me lo estáis robando todo». Ella, dos hermanos y su madre, desde que enviudó en 2010, se enfrentan a una factura de 130.000 euros que no saben cómo pagar. La causa de su desconsuelo son casi seis hectáreas de tierras donde tienen una huerta que dio de comer a su familia, la casa donde vive con su marido e hijo y otra vivienda que comparten su madre y un hermano en silla de ruedas. Está en el extrarradio de Sevilla, en el Aeropuerto Viejo, con un asentamiento chabolista muy cerca. Allí se asentaron en 1936 sus abuelos, emigrantes de Duas Igrejas, un pueblo portugués de 700 habitantes. «Mi abuela vino a Sevilla con 18 años montada en un burro y se puso a servir aquí». Tras agotar la vía administrativa, Maribel está en litigios con la Junta de Andalucía porque ha valorado los terrenos como urbanizables a pesar de que no figuran en ningún planeamiento y su uso es rústico, como constata el Catastro. Pero el tiempo sigue corriendo y la deuda, con sus intereses, engordando. La situación es desesperada. «Cuando escuché las barbaridades que dijeron en el Pleno del Parlamento, no me pude contener. ¿Ricos? Si yo no tengo empleo con un niño de cinco años y a mi marido lo despidieron», clama con la voz quebrada por la emoción. «Mi familia tuvo una vida muy sacrificada. Mi padre tenía vacas, había que ordeñarlas todos los días y mi madre repartía leche por las calles. No sabemos que son unas vacaciones. Y otros detalles que me ahorro porque me da vergüenza», explica.